Por Saray Robayo Bechara
Durante las discusiones de coordinadores y ponentes sobre los alcances que tendrá el Plan Nacional de Desarrollo, me he venido preguntando si toda esta inversión nos permitirá avanzar verdaderamente en el mejoramiento de la vida de millones de colombianos que necesitan soluciones a los problemas que plantean un desempleo del 13,7% y un índice de pobreza de casi 30% a nivel nacional, sin mencionar otras cifras alarmantes.
Y es aquí donde nos asalta la pregunta de sí será suficiente la política trazada dentro del plan para alcanzar la competitividad en las regiones, lograr una mayor estabilidad macreoconómica y buscar que las transformaciones planteadas se conviertan en una realidad para los colombianos.
No basta con tener buenas intenciones y proyectos para asumir los retos que hoy vive Colombia, en donde actualmente, existen innumerables desafíos que van desde implementar una estrategia de desarrollo para que las regiones puedan acceder a la inversión para proyectos ambiciosos con impacto nacional y regional como se pretende en el PND 2023-2026.
En ese escenario, lo que esperamos los colombianos es que a través del PND se concrete la política social y económica del país, para alcanzar las transformaciones enfocadas en la seguridad alimentaria, los derechos fundamentales y el estado social de derecho que consagra la constitución Política de 1991, lo que nos permitiría salir de la incertidumbre que está atravesando la economía colombiana frente al futuro de inestabilidad en algunas regiones donde los gastos esenciales que hoy demandan para hacerle frente a la pobreza siguen siendo un espejismo.
Si bien este desafío de superar la pobreza y elevar el nivel de vida demanda cambios estructurales, así como nuevas formas de acción de los gobiernos y la sociedad en conjunto para enfrentar las desigualdades sociales, el crecimiento económico debe ser la condición necesaria para lograr esos objetivos y para ello se necesita un esfuerzo deliberado de integración política y social, donde existan garantías, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos destinados a los programas a través de acciones dirigidas a mejorar la distribución del ingreso y dar prioridad al gasto social en función de las necesidades básicas en salud, educación y seguridad social para atender los grupos vulnerables de la población, tales como niños, jóvenes, desempleados, mujeres embarazadas, lactantes y adultos mayores. El futuro es ahora y de todos depende que como colombianos avancemos y nos proyectemos como un país con oportunidades aún en medio de las adversidades.
