Cualquier proceso con grupos al margen de la ley que conduzca a la impunidad no es visto con buenos ojos, señaló ayer el Gobierno de Estados Unidos frente a la intención que tiene el presidente Petro de negociar con los grupos armados multicrimen su sometimiento a la justicia, a cambio de penas de 8 años de cárcel. Así lo manifestó ayer en una audiencia que convocó la Cámara de ese país para analizar las políticas de la Casa de Nariño.
Este debate convocado por el Subcomité para el Hemisferio Occidental, tuvo lugar en un momento en que la Cámara norteamericana está pendiente de definir el monto de recursos de cooperación que Estados Unidos entregará a Colombia en 2024, o si los suspende como lo han propuesto algunos parlamentarios que ven con preocupación la política de paz del presidente Petro, así como la política antidrogas y los acercamientos de su gobierno con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
A dicha audiencia en la Cámara fueron citados para conocer el pensamiento del gobierno de Joe Biden sobre las acciones del presidente Petro, Mark Wells, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Peter Natiello, administrador adjunto de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Wells, por su parte, respondió a uno de los parlamentarios que manifestó dudas acerca del sometimiento que pretende el presidente Petro de los grupos multicrimen, que “compartimos su escepticismo hacia cualquier diálogo con el «Clan del Golfo»”.
El Congresista le preguntó a Wells si le ha expresado estas preocupaciones al presidente Biden, ante lo cual el funcionario dijo que: “las estoy expresando ahora”.
Agregó el Subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que “nos preocupa cualquier cosa que resulte en impunidad para los narcotraficantes y seremos muy escépticos de cualquier proceso que haga eso, que dé impunidad a cualquier organización narcotraficante”.
El Gobierno presentó en la pasada legislatura al Congreso el proyecto de ley de sometimiento, que le debe dar el piso jurídico para las negociaciones que tiene previstas con el ‘Clan del Golfo’, los ‘Pachenca’ y al menos cinco organizaciones delictivas que han manifestado su interés de participar en estas conversaciones.
Sin embargo, dicho proyecto se hundió por falta de trámite, principalmente porque no hay consenso en el Legislativo, pues mientras que el oficialismo lo defiende señalando que es una herramienta para alcanzar la paz total que se puso como meta el Gobierno, la oposición dice que abriría la puerta a la impunidad y a que cabecillas del ‘Clan del Golfo’, entre otras organizaciones, se queden con buena parte de los dineros mal habidos.
Ante lo anterior, el fiscal General, Francisco Barbosa, enfatizó que la ley de sometimiento beneficiaría a las organizaciones narcotraficantes.
Por lo tanto, la congresista norteamericana por el Partido Republicano, María Elvira Salazar, dijo que “en el crimen, el presidente Petro está negociando con los mayores negociadores de droga: ‘Clan del Golfo’. Y aparte, con el Eln, que amenazaron a María Corina Machado, candidata presidencial y la máxima esperanza para Venezuela”.
Cultivos ilícitos
En la audiencia en la Cámara de Estados Unidos se oyeron fuertes críticas de parlamentarios por la decisión del presidente Petro de restarle importancia a la erradicación forzada de coca y, más bien. apuntarle a la sustitución de cultivos ilícitos.
En el marco de la discusión de ese tema el subsecretario Wells aclaró que desde el gobierno Duque la Casa Blanca suspendió el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia.
«La decisión de no tener este año estimaciones de coca y de cocaína se tomó hace un par de años, antes de la elección de Gustavo Petro como presidente. Tengo entendido que se tomó en 2020», dijo el subsecretario adjunto del Departamento de Estado encargado de la Oficina de Asuntos Occidentales, Mark Wells.
El Subsecretario, expresó que Estados Unidos “sigue preocupado por los niveles récord de producción de coca y cocaína, así como por las tendencias alarmantes de homicidios y violencia que sirven para socavar la democracia en Colombia”.
Además, añadió que: “Estamos ampliando e intensificando la cooperación bilateral en inteligencia y prohibición para desmantelar las redes criminales transnacionales y contrarrestar las actividades ilícitas que desplazan a las comunidades rurales”
