El caso tiene que ver con una demanda del senador J.P. Hernández, en la que surgen pruebas que demostrarían que congresistas del Pacto Histórico habrían engañado a las autoridades electorales y a la Corte Suprema de Justicia, con los reportes de sus gastos de campaña, incurriendo presuntamente en delitos de raude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El asunto demostraría que el presidente Gustavo Petro habría utilizado en campaña una aeronave supuestamente relacionada con narcotraficantes, pero quienes terminaron reportando esos gastos de transporte fueron los congresistas ahora impugnados ante el Alto Tribunal.
La situación es que cada uno de ellos reportó gastos de transporte al Consejo Nacional Electoral por más de 60 millones con la cuestionada firma Sadi –Sociedad Aérea de Ibagué-, cuyo representante legal es conocido como el narcopiloto y quien está pagando una condena de 11 años en los EE.UU. .
Los senadores impugnados en la demanda del senador J.P. Hernández son Paulino Riascos, Sandra Jaimes, Jael Quiroga, Esmeralda Hernández, María José Pizarro, Aída Avella, Martha Peralta, Pedro Flórez, Iván Cepeda, Isabel Cristina Zuleta, Alex Flórez, Clara López y Robert Daza-
Se aclaró que en la demanda también estaban Roy Barreras, Alexander López y César Pachón, quienes perdieron su curul ante el Consejo de Estado y Gustavo Bolívar, quien renunció al Senado por su aspiración a la Alcaldía de Bogotá
