Así lo reiteraron voceros de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Hato Corozal, en donde las inundaciones del río Casanare, cada año deja anegados sus terrenos, la pérdida total de los cultivos y los obliga a abandonar sus predios, sin que el Estado les apoye de manera eficiente, a pesar que sus denuncias se han vuelto más insistentes en los últimos años.
El desplazamiento obligado a que se tienen que someter los habitantes de Hato Corozal y sus alrededores por el desbordamiento del río, se suman el daño de carreteras, de cultivos de plátano, maíz y yuca, así como la destrucción de pastos naturales y artificiales y la afectación de la actividad ganadera.
Las comunidades campesinas de esta región del país claman a los gobiernos local, departamental y nacional, con el fin de intervenir los territorios que son afectados por el desborde del rió Casanare, con obras de mitigación que eviten cualquier emergencia y una delicada tragedia.
“Son muchas las necesidades que afrontan estas comunidades, en especial en estos dos últimos años, donde se han perdido los pastos y los cultivos, y algunos han tenido que cambiar de sitio su casa de habitación y no tener cómo producir para sus sustentos, pero a pesar de eso sus pedidos no se centran en alimentos y menos en dinero, sino en un estudio técnico que traiga unas medidas de mitigación reales”, explicó Wilson Mesa, vocero de la comunidad de El Rubí.
En su opinión, “los impactos de esta nueva arremetida del río Casanare, que está en alerta roja, y que ha hecho desbordar los caños, son de una gran magnitud porque las aguas han llegado a territorios que nunca antes se habían inundado en sabanas abiertas y en profundidad, lo que advierte que el número de damnificados para este año 2025 será mayor porque las cifras aumentan al tiempo que lo hacen las corrientes de agua que tienden a crecer con la ola invernal”.
