OPINIÓN
Por: Monseñor Espejo
La reforma política que ha presentado el Gobierno ante el Congreso ha reavivado un debate crucial para la salud democrática de Colombia: la financiación de las campañas electorales. Si bien algunos sugieren que el país enfrenta problemas más urgentes, no podemos ignorar que la forma en que se financian las campañas está directamente vinculada a la corrupción, el clientelismo y la captura del Estado por intereses particulares.
Con la nueva propuesta surge una oportunidad para ajustar un sistema que, en su estado actual, no solo ha sido insuficiente, sino que ha permitido el ingreso de dineros oscuros y la violación sistemática de los topes de financiación.
La idea de que la financiación pública de las campañas resolvería estos problemas es atractiva en teoría, pero, en la práctica, no está exenta de riesgos. La distribución de los recursos podría favorecer a los partidos más cercanos al Gobierno de turno, reproduciendo los mismos vicios que se pretenden eliminar. Al mismo tiempo, una financiación exclusivamente privada es igualmente problemática, ya que abre la puerta a la influencia desmedida de grupos económicos poderosos que buscan comprar voluntades políticas y decisiones gubernamentales.
En este contexto, lo más sensato sería adoptar un modelo mixto de financiación, que combine recursos públicos y privados, pero bajo estrictos controles. Es imperativo reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, elevar los estándares de transparencia y establecer sanciones claras y efectivas para quienes violen las normas. Los topes de financiación deben ser revisados con rigor, y los gastos en publicidad y medios, regulados para evitar el despilfarro y la distorsión del debate democrático.
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) necesita una reestructuración profunda que lo aleje de su rol actual de árbitro ineficaz, concentrado en detalles menores como facturas de tamales, lechona, y lo empodere para que cumpla con una vigilancia rigurosa y efectiva. Solo así se logrará avanzar hacia un sistema electoral más justo y menos vulnerable a la corrupción.
La financiación de las campañas no es un tema menor, es el corazón de nuestra democracia. Ignorarlo o abordarlo con tibieza es perpetuar los males que han plagado nuestra política durante décadas.
Ojalá que esta vez los honorables padres de la patria salgan con algo y no sigan en el consabido juego de mirar sus bolsillos y sus intereses y tomen la decisión de fondo para enfrentar el Diablo de la corrupción que corroe lo que encuentra a su paso.
