En sintonía con Jason Rojas, gobernador del departamento quien alertó por la vulnerabilidad en que están 30 mil familias y Willy Rodríguez, alcalde de San José, que confirmó el confinamiento de numerosas comunidades, algunos ciudadanos coincidieron en que la desprotección estatal en sus municipios es notoria.
Las personas que se encuentran encerrados en sus casas por orden de los subversivos de las disidencias de “Calarcá” e “Iván Mordisco”, hasta el viernes entrante, reclaman acción efectiva del Estado para garantizar su protección y sus derechos esenciales para adquirir alimentos, trabajar y para que sus hijos puedan seguir estudiando.
Los habitantes comentan que la movilidad está afectada en un 100% entre los municipios del Guaviare y su capital, por el paro decretado por los grupos armados, mientras que en los cascos urbanos, se ve poca gente y los comerciantes que abrieron sus puertas, lo hicieron con mucha prevención.
De acuerdo con información de El Retorno, en el sector de Tierra Alta hay confinamiento en por lo menos 27 veredas. Además se informó que el transporte público para ir a otros municipios del departamento o sectores veredales no está en operación, lo cual puede afectar la compra de alimentos para los próximos días.
Recordemos que el Gobernador Jason Rojas, alertó en distintos medios de comunicación que el paro decretado por los grupos ilegales ha confinado a 30 mil familias en su departamento.
Adicionalmente se conoció que tanto los irregulares de Ivàn Mordísco como los de Calarcá, han aprovechado el cese de actividades para fortalecer su control territorial en distintas zonas con acciones ilegales como extorsiones, robos y asesinatos.
Se confirmó que iniciado el paro amado, desapareció Misael Motta Bermúdez, quien se trasladaba de Calamar a Pueblo Seco y además que se han registrado el robo de motos a integrantes de las guardias campesinas y se han tomado carros por la fuerza y amenazando a sus conductores o dueños con armas de fuego
