El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP ) en
Colombia confirmó que la inseguridad alimentaria moderada y severa a nivel nacional es del 30 % tras la Evaluación de Seguridad Alimentaria para Población Colombiana, desarrollada por esa organización entre agosto y noviembre de 2022.
Este porcentaje representa 15.5 millones de personas. En departamentos de la región caribe y pacífica la inseguridad alimentaria supera el 40 %. La Guajira,
Sucre, Córdoba, Cesar y Chocó evidencian una prevalencia superior al promedio nacional, mostrando la cifra más alta Córdoba (70 %), seguido por Sucre (63%), y en la región de Orinoquía el departamento de Arauca (62%).
No obstante, en términos absolutos, la inseguridad alimentaria afecta a un mayor número de personas en las zonas urbanas. Las ciudades con más personas en esta situación son Bogotá (1.5 millones), Medellín (642 mil), Cali (491 mil), Cartagena (420 mil) y Barranquilla (328 mil).
La Evaluación de Seguridad Alimentaria para Población Colombiana señala que factores como la pandemia por COVID-19, la pérdida de empleos, las dificultades en el acceso a la tierra, el aumento en el precio de los alimentos, los desastres relacionados con el cambio climático y más recientemente la escasez de insumos debido a la crisis en Ucrania, han llevado a los hogares a un alto nivel de
vulnerabilidad económica.
También es claro el vínculo entre seguridad alimentaria y conflicto. Según el estudio, la mitad de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con los hogares que no han sido víctimas donde el porcentaje de inseguridad alimentaria es del 28 %. Los
hogares con jefatura femenina, afrodescendiente o indígena, o en los que el principal aportante de ingresos no tiene estudios o trabaja en la informalidad, son los más vulnerables.
El Programa Mundial de Alimentos desarrolló además un estudio enfocado en migrantes. La Evaluación de Seguridad Alimentaria para Poblaciones Migrantes y Comunidades de Acogida muestra que en esos grupos existen altos niveles de inseguridad alimentaria en todos los departamentos del país. Muchos de estos hogares siguen excluidos de la economía formal de Colombia y no tienen acceso a esquemas oficiales de protección social o servicios de salud. Su situación se vuelve más precaria debido a factores agravantes como la violencia, las crisis climáticas, las barreras socioeconómicas y el costo de los alimentos. Entre el 52 % y el 73 % de los migrantes se encuentran en inseguridad alimentaria, dependiendo de los grupos poblacionales (migrantes con vocación de permanencia, pendulares y en tránsito).
De acuerdo con el informe, la Evaluación de Seguridad Alimentaria en Población Colombiana recolectó información en 29 departamentos y 118 municipios analizó patrones de consumo de alimentos, vulnerabilidad económica, estrategias de supervivencia asociadas al consumo y medios de vida. Sus resultados
buscan ser de utilidad para el país en el proceso de focalización de la atención, ya que provee datos actualizados y basados en la evidencia sobre las poblaciones más afectadas, como el departamento de Sucre que tiene un nivel
de inseguridad alimentaria mucho más elevado que Chocó o La Guajira,
donde frecuentemente se ha priorizado la asistencia. La evaluación fue presentada hoy durante un
conversatorio moderado por Sara Del Castillo, Directora del Instituto de Estudios Ambientales y del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la
Universidad Nacional de Colombia, con la participación de Darío Fajardo, Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; César Giraldo, Asesor de la Presidencia de la República para la Lucha contra el Hambre; María Olga Peña, Directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación; Jenny Paola Santander, Asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; y Carlo Scaramella, Director y Representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos.
Sin duda este será el PNG más ambicioso de los último años, por los desafíos que tiene el país para reducir la pobreza y la desigualdad y adelantar los macroproyectos necesarios con base en consensos en los que intervengan todas las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad y que permitan alcanzar las metas planteadas para consolidar un país estable y con futuro en lo político, lo social y lo económic
