Una de las grandes apuestas del Gobierno de Gustavo Petro ha sido la reducción en el pago de los servicios públicos. Por ejemplo, hace un par de meses la ministra de Minas, Irene Vélez, anunció que desde noviembre bajarán las tarifas de energía entre un 4 % y un 8 %.
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Esta reducción en la factura fue posible por la renegociación de los contratos bilaterales, toda vez que 82 empresas se sumaron al pacto por la justicia tarifaria.
Después de que se radicara el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se conociera a detalle el documento, se evidencia que el Gobierno buscará que se sigan reduciendo el pago de servicios públicos para ciertos sectores.
Actualmente, ya existe un subsidio de Energía, en el cual el Estado subsidia las tarifas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, por medio del consumo de subsistencia que se encuentra regulado en la Ley 142 de 1994, en los artículos 89 y 99. Allí se estipulan los principios de solidaridad y redistribución en materia de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que los usuarios de los estratos 5 y 6, ayudan a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 a pagar el valor de los servicios que cubran sus necesidades básicas.
El Plan Nacional de Desarrollo incluye la transformación del programa de subsidios que se aplicarían en energía, gas, acueducto, aseo. El documento señala que el gobierno busca redistribuir el programa de subsidios para los servicios públicos, implementando medidas de estratificación e información socioeconómica de los usuarios.
«Cuando la estratificación socioeconómica no haya sido adoptada por decreto municipal o distrital, la empresa que presta el servicio público domiciliario por cuyo cobro se reclama deberá atenderlo directamente en primera instancia, y la apelación se surtirá ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios», dice el texto del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro .
