El Gobierno de Gustavo Petro repite todos los días que no tiene recursos y decretó una nueva emergencia económica para atender la ola invernal, pero no se refiere a los cientos de contratos directos que rimó en enero por $ 32 billones, minutos antes que entrara en vigencia la Ley de Garantías.
Para muchos expertos políticos, la exagerada contratación del Gobierno solo apuntó a asegurar votación en marzo entrante garantizando a sus partidarios un puesto de trabajo por lo menos hasta agosto entrante.
La misma Contraloría reveló que el actual incremento en la contratación con respecto a las pasadas elecciones del 2022, llegó hasta un 64%.
Otros especialistas en el ámbito político recuerdan que la referida Ley de Garantías que opera desde 2005 y tiene como fin garantizar elecciones transparentes y que no se ofrezcan puestos públicos a cambo de votos, definitivamente ha sido burlada por los gobiernos y los actores políticos del país.
Lo anterior se confirma con las cifras evidenciadas por la Contraloría General, pues solo en enero pasado, el valor de lo contratado por el Estado, ascendió de $ 5.4 billones a $ 9.5 billones.
El ente de control sentenció que la contratación total se elevó hasta los 521.269 contratos que representan el valor total de $ 32.88 billones.
