Un nuevo escándalo que relaciona a Sebastián Caballero, gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) y al abogado de esa entidad Jhon Jairo Bustos, ambos personajes cercanos al Ministro de Educación Daniel Rojas, impacta al Gobierno del Presidente Gustavo Petro.
A Caballero lo señalan de desatender sus funciones como director en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), por darle prioridad a su campaña a la Alcaldía de Cali, según información recogida por El Colombiano.
Entre tanto, al abogado del FFIE, Jhon Jairo Bustos Espinosa, se le acusa de presunto acoso sexual, por haber espiado a una mujer con una cámara cuando estaba en un vestidor probándose un cambio de ropa.
Adicionalmente, trascendió que la ex pareja de Bustos señaló haber encontrado en su teléfono, cuando eran novios, imágenes y videos sexuales explícitos de su hermana menor, así como otros videos e imágenes de orgías de amigos del funcionario en los viajes que realizaba.
Respecto al gerente de la FFIE, Sebastián Caballero, se recuerda que recibió cuando estaba en la Sociedad de Activos Especiales, a César Augusto Valencia, muy cercano de alías “Papá Pitufo”, conocido como Zar del Contrabando. Además se afirma que las quejas coinciden en que es muy difícil encontrarlo en su oficina, pues prioriza actividades de su candidatura a la alcaldía de Cali para el 2026.
Lo anterior, produjo según El Colombiano, que muchas de sus funciones sean ejercidas por Valentina Cuadros, una profesional en Gobierno y Relaciones Exteriores, quien es asistente Ejecutiva, con solo tres años de experiencia laboral y que hasta hace dos años era una pasante en la ANDI.
Se afirma también en el medio impreso que de la entidad ha salido personal con experiencia y conocimiento técnico relevado por jóvenes activistas políticos cercanos al Gobierno, algunos de ellos pertenecientes a familias de clanes políticos regionales relacionados con pasados y conocidos escándalos de corrupción.
Así las cosas, se dice que muchas de las quejas sobre lo que ocurre con el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, ya están en investigación por las autoridades disciplinarias y penales del país, sin que hasta el momento se conozca un pronunciamiento oficial de parte del Ministerio de Educación o de otra entidad de Gobierno.
