De acuerdo con la decisión del Alto Tribunal, quedó suspendida la directiva presidencial que obligaba a entidades estatales a asignar un tercio de su presupuesto a los medios comunitarios, alternativos y digitales del país.
SE concluyó por parte de los magistrados del Consejo de Estado que la referida directiva resultaba inconstitucional y que vulneraba los principios básicos de contratación pública y de libre competencia.
Voces cercanas al Gobierno descalificaron la decisión del Consejo de Estado, pues a su juicio, con ella, se reduce la posibilidad de contrarestar la narrativa crítica al gobierno por parte de los medios tradicionales.
