La decisión del Gobierno de suspender operaciones contra las disidencias que orienta alías “Calarcá”, a quien se señala de ser autor del crimen de siete policías en el Guaviare la semana anterior, es totalmente reprochable según Samuel Arrieta, procurador Delegado para la Vigilancia de la Función Pública.
En su opinión, “ no es posible que sobre la base de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario se pida respeto, pero cuando se trata de nuestros policías, los mandamos envueltos en bolsas sin vida y causando grandes estragos y dolor a sus familias”.
“Por qué mantener una suspensión de operaciones dejando a la Fuerza Pública prácticamente inerme, confiando en la palabra empeñada de los negociadores y lo que vimos fue un acto cobarde, por lo que hemos pedido al Ministerio de Defensa si ese decreto que se ha hecho en la mesa de negociación se debe mantener en el tiempo”, apuntó Arrieta.
A su juicio, todo lo que se ha presenciado respecto a este acaso “desmoraliza a la Fuerza Pública y ya son más de 30 uniformados muertos en lo que va corido del año”.
Finalmente el Procurador Delegado para la Vigilancia de la Función Pública explicó que se examinan todos lo hechos respecto al decreto del Gobierno sobre la suspensión de operaciones a ese grupo de las disidencias de las Farac y además las alertas tempranas de la Defensoría, con el fin de establecer si existen temas que puden ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
