Las autoridades han incautado cerca de $1.700 millones en operativos contra delitos electorales.
A tres días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales, las autoridades confirmaron la captura de al menos 20 personas y la incautación de cerca de $1.700 millones en efectivoen operativos contra posibles delitos electorales en varias regiones del país.
Según los reportes oficiales, las acciones se han concentrado en departamentos como Sucre, Tolima y Chocó, donde las autoridades investigan presuntos casos de compra de votos, constreñimiento al elector y otras irregularidadesrelacionadas con el proceso electoral.
Casos que han generado mayor atención
Uno de los episodios más sonados se registró en La Guajira, donde fue detenido Luis Acuña, escolta del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.
El hombre fue sorprendido transportando $145 millones en efectivo y material de propaganda política relacionado con un sector cercano al senador Carlos Trujillo.
Aunque el caso generó controversia pública, Acuña recuperó su libertad pocas horas después, en medio de lo que algunos sectores han calificado como un “novelón judicial”, actualmente bajo investigación.
Incautación millonaria en Córdoba
Otro caso relevante ocurrió en la vía hacia Montelíbano, en el departamento de Córdoba, donde las autoridades capturaron a Misael Augusto Villareal y Virginia Rosa Urango.
Los detenidos se movilizaban en un automóvil y transportaban $434 millones en efectivo dentro de un maletín negro, dinero que, según las investigaciones preliminares, podría estar destinado a la compra de votos en esa región del país.
Refuerzan controles antes de las elecciones
Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso electoral y prevenir delitos que puedan afectar la voluntad de los votantes.
De cara a la jornada electoral del próximo domingo, las instituciones de control mantienen un monitoreo permanente en varias regiones consideradas de alto riesgo por irregularidades electorales.
