De acuerdo con sectores de oposición, el proyecto de sectores del Gobierno, plantea entre otros, que el Estado persiga a los socios, administradores y beneficiarios de las empresas sin que la Supersociedades tenga que probar que hubo intención de defraudar a alguien, lo cual, sería un magapoder total mente inconveniente.
Para la senadora Paloma Valencia, otro tema inconveniente que incluye la iniciativa propone que el Estado tenga la potestad de cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales con base en indicios fundados y no con pruebas y decisiones en firme.
Valencia insistió en que el Pacto Histórico lo que busca es que el Gobierno pueda perseguir dueños y directivos de empresas por hechos que van desde talar un árbol hasta extraer petróleo.
Es tan extrema la situación planteada en la propuesta que por ejemplo si una multinacional tala un árbol que no debía, el gobierno la puede sancionar así su sede esté en el exterior. “Es el fin de la empresa privada”, recalcó.
