El Gobierno colombiano presentó este fin de semana consideración del Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2023 tasado en 391,4 billones de pesos (unos 91.190 millones de dólares de hoy), en el que da prioridad a educación y salud.
Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el sector de la salud, con 49 billones de pesos (unos 11.417 millones de dólares), tendrá este año la segunda mayor participación en el total del presupuesto sin deuda, por encima de defensa y detrás del de educación, que tendrá la mayor partida, con 56,5 billones de pesos (unos 13.162 millones de dólares).
Del total del presupuesto, 250,6 billones de pesos (unos 58.372 millones de dólares), equivalentes al 64 %, corresponden a gastos de funcionamiento; 78 billones de pesos (unos 18.170 millones de dólares), que representan el 19,9 %, al pago del servicio de la deuda, y el 16 % restante, que son 62,8 billones de pesos (unos 14.627 millones de dólares), a inversión.
Según la cartera de Hacienda, el 89,4 % de los recursos del presupuesto de inversión se concentra en los sectores de inclusión social y reconciliación (25,36 %); transporte (15,39 %); hacienda (10,94 %); educación (8,31 %); trabajo (7,36 %) y minas y energía (6,86 %).
Vivienda, ciudad y territorio se lleva el (3,71 %); defensa y policía (3,21 %); planeación (2,34 %); agricultura y desarrollo rural (2,10 %); tecnologías de la información y las comunicaciones (2,02 %) y salud y protección social (1,83 %).
El ministro Restrepo aseguró que el valor y composición de las propuestas de gasto presentadas al Congreso no deben considerarse como definitivas.
En ese sentido, dijo que en las próximas semanas la administración entrante, del presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto, dentro de su propio plan de gobierno puede revisar cada proyecto y evaluará los faltantes que puedan tener las entidades y efectúe las recomendaciones de cambio que considere más convenientes.
Restrepo añadió que este proyecto de ley propone avanzar en un ajuste ordenado y gradual de las finanzas públicas de 2023 y «está programado acorde con las posibilidades reales de financiación del país, en un entorno global de incertidumbre y presiones inflacionarias que tiende a elevar el costo de los intereses de la deuda pública y amenaza con restarle dinamismo al crecimiento económico».
Al mismo tiempo, subrayó «la pertinencia de mantener la inversión estatal requerida para, de forma responsable, superar las secuelas sociales y económicas dejadas por la pandemia».
EFE
