Nuevos nombres de congresistas aparecen en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
El escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa ampliándose y ya involucra a más miembros del Congreso de la República.
La investigación tomó nuevo impulso tras la detención de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, así como el llamado a juicio de los legisladores Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, además del excongresista Juan Diego Muñoz, quienes deberán responder ante la justicia mientras permanecen en libertad.
Documento clave revelaría más nombres
Un documento manuscrito encontrado en la residencia de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, incluiría referencias a otros congresistas presuntamente vinculados al caso.
Según reveló la revista Semana, en el documento aparecen los nombres de los senadores Efraín Cepeda y Juan Carlos Garcés, junto a la anotación “30 MM”, lo que podría interpretarse como 30.000 millones de pesos.
La publicación también menciona a José Alfredo Gnecco y Juan Diego Echavarría, con una supuesta asignación de “20 MM”, así como a Karina Espinosa, Jairo Castellanos, Arturo Char y Armando Zabaraín, quienes aparecerían asociados a montos de “10 MM”.
De acuerdo con la información divulgada, los documentos también mencionan a otros seis legisladores cuya identidad se mantiene en reserva dentro de la investigación.
Un escándalo que podría superar los $650 mil millones
Analistas y expertos en ciencia política advierten que el alcance del escándalo podría ser aún mayor.
Inicialmente, el presunto desfalco en la UNGRD se estimaba en cerca de 300 mil millones de pesos, pero con el avance de las investigaciones la cifra podría superar los 650 mil millones, lo que representaría uno de los mayores casos de corrupción reciente en el manejo de recursos destinados a la atención de desastres en Colombia.
El proceso judicial continúa avanzando mientras las autoridades recopilan nuevas pruebas sobre la presunta red de corrupción que habría comprometido recursos públicos destinados a la gestión del riesgo en el país.
