Conjueces de la Corte Suprema definirán si congresistas implicados en el caso UNGRD enfrentan órdenes de captura.
La Corte Suprema de Justicia deberá resolver en los próximos días el futuro judicial de varios congresistas señalados de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Debido a un empate en la Sala de Instrucción del alto tribunal, el caso pasó a manos de conjueces, quienes deberán definir si existen méritos para ordenar medidas de aseguramiento o capturas contra los legisladores involucrados.
Según se conoció, los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fernando Fonseca serán los encargados de revisar el proyecto de decisión y determinar si los implicados deberán enfrentar la justicia privados de la libertad. La determinación se conocería a más tardar el próximo miércoles 11 de marzo.
Congresistas investigados
La investigación judicial se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia del Congreso que analiza la aprobación de créditos internacionales para el país.
Dentro del proceso aparecen mencionados los congresistas:
Wadith Manzur
Liliana Bitar
Julián Peinado
Karen Manrique
Juan Pablo Gallo
Juan Diego Muñoz
De acuerdo con las investigaciones, los legisladores habrían acordado apoyar proyectos y decisiones del Gobierno en el Congreso a cambio de la asignación de millonarios contratos y recursos públicos en sus regiones a través de la UNGRD.
Caso en medio del proceso electoral
El proceso judicial toma mayor relevancia porque algunos de los congresistas mencionados en el expediente, entre ellos Wadith Manzur y Karen Manrique, participaron en las elecciones legislativas que se celebran este domingo en Colombia.
Esto abre la posibilidad de un escenario inédito: que dirigentes recién elegidos al Congreso enfrenten eventuales órdenes de captura si la justicia considera que existen pruebas suficientes dentro del proceso por el presunto saqueo de recursos públicos.
El escándalo de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores casos de corrupción política recientes en el país, al involucrar a altos funcionarios, congresistas y contratistas en el manejo irregular de recursos destinados a la atención de emergencias.
