Así lo indicaron funcionarios de esa entidad tras indicar que luego de conocerse el despido de Adith Romero como director, se pidió acelerar la contratación de personas referenciadas por dirigentes políticos de Santander, ante de que entre en vigencia la Ley de Garantías, el próximo 31 de enero.
De acuerdo con Semana, zngd la salida del director Romero, en plena época electoral, por iinconfomidades en su gestión según el Gobierno, se pidió al departamento de contratación de la Unidad, agilizar la vinculación laboral de quienes defienden los intereses de los aspirantes al Congreso, senador Gustavo Moreno y candidatos a la Cámara Erwin Jiménez y Jairo Alberto Castellanos.
El mismo medio de comunicación precisó que las fuentes consultadas dijeron que en la Unidad para las víctimas “no quieren parar la contratación porque las personas a contratar son las que lideran proceos políticos de estos personajes que aspiran a cargos de acción popular”.
“Si la entidad funciona con 1.500 contratistas, está previsto contratar 4000”, advirtieron funcionarios de la Unidad que pidieron reserva.
