Con el argumento que hay una amenaza grave e inminente al orden económico y social por falta de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $ 16.3 billones para el país, el gobierno expidió el decreto que declara la emergencia social en el territorio nacional por 30 días y ante el hundimiento de la Ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso.
A través del decreto 1390 de 2025, el Ejecutivo oficializó la puesta en marcha una serie de impuestos consecuencia de la crisis fiscal que afecta al país y la necesidad de prestar servicios públicos esenciales.
Los tributos que se desprenden del mencionado decreto están relacionados con la autorización del cobro del 5 X mil, tributos al patrimonio de personas jurídicas, más IVA para licores, cigarrillos y alimentos ultraprocesados, así como a la extracción de combustibles fósiles, entre otros.
Trascendió que el Gobierno dará a conocer los decretos con los que se imponen los nuevos impuestos en el país, en los próximos días, aunque creció la inconformidad de sectores empresariales, jurídicos y políticos del país, con la nueva tributación, sobre la base que es inconstitucional, toda vez que su origen no se ajusta a la Constitución.
También hay que tener en cuenta que se esperaba que la Rama Judicial se pronunciara sobre la legalidad de los mencionados decretos de emergencia económica, sin embargo, se han conocido versiones que los magistrados no serían llamados a trabajar ni virtual ni presencialmente en tiempos de vacancia judicial.
