Luego que se conociera la condena con penas comunitarias restaurativas de 8 años para siete de los ex jefes de las extintas Farc, por más de 21 mil secuestros cometidos, muchos sectores del país y las víctimas coinciden en que el fallo no satisfacen justicia, ni reparación y mucho menos verdad sobre los delitos de lesa humanidad registrados.
Para juristas las penas deberían ser más severas porque muchos de los responsables fueron premiados con curules en el Congreso y no han aportado nada de verdad y mucho menos de reparación. Además fueron beneficiados por Estado con millonarios ingresos.
Otros sectores allegados a las víctimas del conflicto armado coinciden en que la decisión restaurativa de la JEP, alimenta la impunidad, porque ni siquiera a los señalados de los graves delitos a entregar información de los desaparecidos durante sus actividades ilegales
Otras voces más críticas del fallo de la JEP frente a los 21.000 secuestros considerados y otros delitos de lesa humanidad, llaman la atención en que participar en actividades de reparación de las víctimas, sembrar árboles y liderar ogtras actividades comunitarias, no son proporcionales para castigar la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, las detenciones ilegales, la tortura y demás violaciones cometidas y ordenadas por esos ex jefes guerrilleros que hoy gozan de plena libertad y viven mejor que la mayoría de ciudadanos del país apoyados y protegidos por el Estado.
Recordemos que las cuestionadas penas restaurativas impuestas por la JEP cobijan a los exfarc Rodrigo Londoño alías Timmochenco; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra (alias el Médico); Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez); Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
